Tan pronto como fue presentado el incidente surgió una pregunta relevante en relación con la potencial suspensión, especialmente al momento de pagar el anticipo de renta y la futura presentación de la declaración de renta por el año gravable 2023.
De acuerdo con la Ley 1695 de 2013 "se suspenderán los efectos de la sentencia" una vez admitido el IIF, sin referenciar que dicha suspensión goza de efectos retroactivos.
Sin embargo, parecería claro que la sentencia goza de plenos efectos hasta tanto el IIF sea admitido y en función de los principios de seguridad jurídica, la deducibilidad de las regalías por el año gravable 2023 debería ser permitida.
Ahora la pregunta que surge es ¿qué pasará para el periodo 2024? ¿que posición debe tomarse con las regalías causadas este año antes de admitirse el recurso?
Y más aún ¿cual será el sentido de la admisión por parte de la Corte?
Recordemos que con el Incidente el Impacto Fiscal la Corte tendrá la posibilidad de modular, modificar o diferir en el tiempo los efectos de la sentencia. Se trata de una instancia deliberativa que, aunque tiene un trámite obligatorio, no impone a las Altas Cortes un deber específico de modificación de lo fallado, pues supedita las opciones de modulación, modificación o diferimiento de los efectos de la sentencia al ejercicio de la potestad jurisdiccional.
Vale recordar que la DIAN presentó una solicitud de aclaración a la sentencia, para que la Corte aclare si la inconstitucionalidad de la prohibición de la deducibilidad de las regalías sólo debería aplicarse a partir de la sentencia, de forma que aquellas causadas con anterioridad a la misma no fueran procedentes. Esta solicitud de aclaración fue considerada por la Corte como improcedente en tanto no pretendía aclarar la decisión, sino buscar una interpretación constitucional.
De manera tal que, los contribuyentes y la Administración están a la espera de la decisión de la Corte Constitucional respecto de los efectos prácticos del IIF.
Sin duda se trata de una situación excepcional, que lleva a la necesidad de documentar la posición tomada por parte de los contribuyentes.
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