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En el mes de abril se le consultó a la DIAN “¿Cuáles ingresos se determinan en aplicación del método de «Precio comparable no controlado» mediante la determinación de ingresos con base en precios de cotización del artículo 260-3​ del Estatuto Tributario?”

Recordemos que la administración tributaria desempeña un papel importante en la verificación y control de las operaciones financieras de los contribuyentes, garantizando que estos cumplan con las disposiciones fiscales. En este contexto, la ley otorga a la administración tributaria la autoridad para establecer “los ingresos ordinarios y extraordinarios, los costos y deducciones y los activos y pasivos generados en las operaciones realizadas por los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios con sus vinculados, mediante la determinación de las condiciones utilizadas en operaciones comparables con o entre partes independientes”.

El principio de plena competencia, fundamental en esta regulación, exige que las operaciones entre partes vinculadas se realicen en condiciones similares a las que se llevarían a cabo entre partes independientes. Esta normativa, alineada con el artículo 9 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE, busca “gravar los ingresos que se hubieran originado de efectuarse la operación entre partes independientes, sin que por ello los mismos tengan una naturaleza o alcance no contemplado en las normas legales y reglamentarias, ni tampoco podrá entenderse que estos sean ingresos ficticios o inexistentes”.

De acuerdo con lo anterior, la Dian hizo referencia a la interpretación de la Corte Constitucional en la Sentencia C-815 de 2009​ sobre el objeto de un régimen​​ de precios de transferencia, así:

“(…) la esencia de un régimen de precios de transferencias de vinculados económicos internacionales, se cimienta en el comportamiento de los precios del mercado, al cual deben someterse las operaciones que efectúen las partes relacionadas, y es lo que debe estar observando y controlando constantemente la administración tributaria”

Teniendo en cuenta lo anterior, la entidad indicó: “Por lo tanto, el objetivo del régimen de precios de transferencia es el de gravar los ingresos que se hubieran originado de efectuarse la operación entre partes independientes, sin que por ello los mismos tengan una naturaleza o alcance no contemplado en las normas legales y reglamentarias, ni tampoco podrá entenderse que estos sean ingresos ficticios o inexistentes. Por el contrario, son los ingresos de plena competencia determinados bajo las metodologías establecidas en el régimen de precios de transferencia y cuyo efecto, de establecerse algún ajuste por no cumplir con el principio de plena competencia, se da en la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios, tal como lo señala el parágrafo del artículo 260-2 del Estatuto Tributario”.

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