Mediante liquidación oficial de revisión, la DIAN incrementó los ingresos operacionales de un contribuyente, después de ajustar el precio de ventas de carbón a una entidad con la que tenía vinculación económica en el exterior. Esta decisión no fue modificada en esta etapa administrativa, al no prosperar el recurso de reconsideración interpuesto por el contribuyente.  

En vista de lo anterior, la empresa interpuso demanda en contra de la decisión, en la que señaló que había realizado un estudio de precios de transferencia en el que comparó los montos facturados con entidades vinculadas y no vinculadas. Frente a este último, indicó que existían “diferencias relevantes” en la comparación de los precios, como la calidad y tipo de carbón, por lo tanto, los ajustes técnicos y económicos según el demandante eran razonables, lo cual adujo fue demostrado dentro del proceso por medio de un dictamen de un perito. Así mismo, se opuso a la sanción por inexactitud. 

En la contestación de la demanda, la DIAN se opuso a las pretensiones, resaltando que el demandante no tuvo en cuenta el principio de plena competencia. Resaltó que en el precio acordado con la entidad vinculada no se tuvo en consideración el transporte y otros gastos asociados en otras facturas. En ese sentido, reiteró que fue necesario ajustar el margen de los precios, por el concepto de hulla bituminosa térmica a granel, para excluir los costos anteriormente relacionados, y de los precios de carbón mineral al ser menor al pactado con un tercero.  

Adicionalmente, precisó que los aspectos particulares que influían en los precios debían sustentarse en los ajustes de comparabilidad y no en sede judicial con el aporte de un dictamen pericial. En cuanto a la sanción por inexactitud, explicó que esta corresponde a la omisión de ingresos. 

El Tribunal negó las pretensiones del demandante, al considerar que la DIAN tuvo en cuenta las directrices de la OCDE sobre la forma en la que se determinó el precio de plena competencia y concluyó que le asistía razón a la entidad, puesto que el ajuste vía liquidación oficial mejoraba la fiabilidad de la comparación. Adicionalmente, precisó que los argumentos de la empresa no estaban justificados en la documentación comprobatoria ni en el dictamen pericial.

Por ende, le correspondió al Consejo de Estado revolver si se encontraba probado que en las operaciones con vinculadas se tuvo en cuenta por el demandante el principio de plena competencia y si se debía ajustar el precio de venta, eliminando las diferencias relacionadas con los gastos de transporte y el gasto granulométrico. Además, estableció como problema jurídico si procedía la sanción por inexactitud. 

Según el apelante, el Tribunal no tuvo en cuenta todas las pruebas aportadas en el proceso, ya que el dictamen pericial sí mejoraba la fiabilidad del estudio de precios de transferencia y que los gastos de transporte y el gasto granulométrico estaban soportados en las facturas aportadas.

Así las cosas, la Sala explicó lo siguiente, según la normativa vigente para la fecha de los hechos, referente a los métodos para determinar el precio o margen de utilidad en las operaciones con vinculados: 

“(...) se deben valorar las condiciones de las operaciones controladas, identificar las comparables y determinar los ajustes de comparabilidad que fueran requeridos para dotar de fiabilidad al análisis. La comparación de las condiciones de las transacciones controladas, con las llevadas a cabo entre partes independientes, implica que las características económicamente relevantes de ambos grupos de transacciones sean asimilables; para lo cual las diferencias identificadas entre unas y otras transacciones no pueden afectar materialmente el precio o margen de utilidad, a menos que se puedan realizar los ajustes razonables de comparabilidad para neutralizar los efectos de tales diferencias.”