​En el caso bajo estudio, la DIAN consideró que no eran reales los costos de venta declarados por el contribuyente, al no poderse constatar la existencia de algunas compras, puesto que se encontraron indicios de su inexistencia y fue imposible localizarlos. Estos fueron algunos de ellos: 

• Los proveedores no residen en los lugares de domicilio de los proveedores reportados en el RUT. En uno de los inmuebles, la DIAN encontró que su destinación era de uso residencial.

• Los proveedores no reportaron la información exógena del 2018, por lo que no se pudo constatar los pagos o abonos en cuenta a estos.

• El pago realizado al proveedor se giró a través de una cuenta de la cuál no era titular éste.

• Una de las facturas de los proveedores, fueron expedidas en un año diferente al periodo en discusión.

Teniendo en cuenta el material probatorio, la Alta Corporación concluyó que los indicios permiten inferir la inexistencia de las operaciones, determinando que las facturas y la contabilidad no fueron suficientes puesto que los proveedores no fueron encontrados en su dirección registrada en su RUT.  Por su parte, el demandante no desvirtuó las conclusiones de la DIAN, por lo que los actos de la administración se amparan con la presunción de legalidad. ​​

“(…) en procesos de fiscalización, no se pretende exigir al contribuyente obligaciones adicionales a las establecidas por la ley, y menos respecto de sus proveedores o terceros. Por el contrario, el deber de la administración es verificar la realidad de las operaciones que, como en este caso, dieron lugar a costos de venta, y las circunstancias dentro de las que se verificaron las irregularidades antes mencionadas llevaron a la administración a la conclusión justificada de la inexistencia de las operaciones con los referidos proveedores.”

Así las cosas, la Alta Corporación enfa​tizó que de acuerdo con los elementos probatorios, era procedente el desconocimiento de los costos.