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La Sala decidió la legalidad del artículo 1º -parcial- del Acuerdo proferido por el Concejo Municipal del Distrito de Santiago de Cali que modificó algunas normas del estatuto y procedimiento tributario del distrito cambiando la tarifa del ICA para las actividades financieras discutidas por la demandante -códigos 6411, 6412, 6423, 6491 y 6493-, incrementándose del 14x1000 -propuesto por el alcalde en la iniciativa- al 23x1000.

Según el demandante, el Concejo Distrital de Santiago de Cali expidió el mencionado Acuerdo y modificó la tarifa del ICA, a través de iniciativa que no provino del alcalde, como según esta, se evidencia en el informe de ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo, desconociendo de esta manera lo establecido en artículo 14 de la Ley 2082 de 2021, que señala:  “Los Concejos de las ciudades capitales podrán adoptar, a iniciativa del alcalde y acorde con las realidades tributarias de la ciudad capital, las normas que rigen para el Distrito Capital de Bogotá en materia de impuesto predial unificado y de industria y comercio, en lo que no contraríen las disposiciones de tipo constitucional sobre la materia".

Por tal motivo, y al señalar que la norma objeto de discusión no fue un hecho generado a iniciativa del alcalde, la demandante solicitó la suspensión provisional del acuerdo acusado para evitar perjuicios irremediables a los sujetos pasivos de la obligación, como pagar impuestos por una cuantía superior a la que se debe según la ley.

Por su parte, el municipio de Santiago de Cali se opuso a las pretensiones aduciendo que no era cierto “que el proyecto de acuerdo para la modificación de la tarifa del ICA sea de iniciativa del Concejo Municipal; por el contrario, fue el alcalde quien la propuso, previa revisión y aprobación de las demás dependencias de la administración distrital, como consta en la exposición de motivo".

Así las cosas, el Consejo de Estado debió establecer:

(i) Si la iniciativa para la expedición del Acuerdo a​​cusado fue del Concejo o del Alcalde Municipal:

Sobre este aspecto, la Sala encontró probado que la  iniciativa fue del Alcalde Municipal con la presentación del Proyecto que se convertiría en acuerdo y que “si bien los concejales decidieron incrementar las tarifas para el sector financiero, lo cierto es que en el trámite y discusión del acuerdo participaron diferentes dependencias del nivel ejecutivo -Departamentos Administrativos de Gestión Jurídica, de Planeación Distrital y de Hacienda-, sin que se evidencie oposición por parte de estas al citado aumento".