La no residente prestaba sus servicios a través de una plataforma digital por medio de la cual ponía en contacto a conductores de automóviles con demandantes del servicio de transporte en Colombia, lo que le llevaba a tener que realizar pagos en el país. Esto es así, porque la contratante recaudaba los pagos electrónicos de los usuarios del servicio de transporte, retenía el valor correspondiente a su remuneración por permitir el uso de la plataforma y luego remitía a Colombia el dinero con el que, a su nombre, se le debía pagar a los conductores que prestaban el servicio de transporte. 

Teniendo en cuenta la operación descrita, y la actuación de la DIAN en la que ésta rechazó los pasivos, adicionó ingresos operacionales, determinó una renta líquida gravable por el rechazo de ese pasivo e impuso sanción por inexactitud, estas fueron algunas de las pretensiones expuestas por la demandante:  

• Alegó que el pasivo rechazado provenía de los recursos remitidos por la sociedad no residente en desarrollo del contrato descrito y que al cierre del periodo estaban pendientes de entregar a los beneficiarios porque la contratante aún no los había señalado, el cual representaba un ingreso para terceros que, según la técnica contable, debía registrarse como un pasivo.  

• Se opuso a que la administración hubiese rechazado dicho pasivo, aduciendo que tal decisión radicaba en el hecho de no tener probado el contrato, pues el mismo fue aportado en copia simple, pero que en virtud de las normas procesales, tal copia sí tenía valor probatorio y, además, se había allegado al expediente el acuerdo original suscrito por las partes para ratificar el negocio jurídico inicial el cual era un contrato atípico susceptible de ser probado con el solo reconocimiento de las partes de la relación negocial.  

• Por otro lado, adujo que el negocio descrito era con una entidad del exterior que era la titular de los recursos con cargo a los cuales se ordenaban los pagos, por lo que no estuvo de acuerdo que la administración le exigiera tener registrado el pasivo en cuestión a nombre de los conductores beneficiarios de los pagos, sin embargo, se identificaron a los terceros a quienes les pagó con cargo a los recursos de su contratante. 

• Así mismo, no estuvo de acuerdo en que la entidad tributaria calificara la operación como la de un mandato, por lo que no le era exigible en certificado con el que deben contar este tipo de contratos, pues esa clase de certificado solo está al servicio de que la mandante pueda probar en la jurisdicción colombiana deducciones, costos e impuestos descontables, aspecto no pretendido en el sublite.  

Por las razones anteriormente expuestas, la demandante se opuso a la adición de ingresos e indicó que esa decisión generó un doble efecto tributario respecto de los mismos recursos que habían sido gravados cuando se determinó la renta gravable dispuesta en el artículo 239-1 del ET sobre la exclusión de los pasivos presuntamente inexistentes.  

Finalmente, se opuso a la imposición de la sanción por inexactitud. 

Por su parte, la demandada argumentó: 

• Que la demandante omitió probar, con medios idóneos, el pasivo originado en ingresos para terceros, porque no acreditó el negocio jurídico con la contratante, ni identificó a los titulares de los recursos, pues esta aportó el acuerdo en copia simple, del cual no se pudo comprobar su autenticidad. 

• Que la demandante no podía reputarse como mandataria de la no residente, porque no conservó los documentos comerciales que soportaban las operaciones, ni le expidió a la mandante el certificado preceptuado por el artículo 1.2.4.11 del DURT.  

• A su vez, adujo que estaba demostrado que la demandante podía disponer de los recursos que declaró como pasivo, pues encontró que algunos movimientos reflejaron que ésta también los empleó para pagar bienes y servicios adquiridos en el periodo revisado, y no solo para hacer traslados propios del objeto del mandato. 

• Por lo anterior, evidenció las cuantías objeto de análisis NO constituían ingresos para terceros, sino recursos de la demandante, lo que conllevo a la adición de ingresos hecha en los actos demandados y la imposición de la sanción por inexactitud. 

En virtud de las pretensiones de la demandante y la oposición de la demandada, la Sala pasó a analizar el caso y trajo a colación lo que para la época de los hechos se entendía por pasivo: