Entre las consideraciones del Consejo de Estado este señaló que: 

• Las liquidaciones del impuesto de alumbrado público emitidas por el Municipio de Vegachí eran nulas debido a la ausencia de un acto administrativo previo que estableciera la obligación tributaria.  
• Resaltó que, conforme al debido proceso administrativo, es imperativo que la administración expida un acto previo que determine la existencia y cuantía de la obligación tributaria antes de proceder a su liquidación y cobro.  
• ​Precisó que la falta de este acto previo impide al contribuyente conocer y controvertir la obligación, vulnerando sus derechos fundamentales, lo anterior basado en que la Alta Corporación  ha sostenido de manera reiterada que, “en el caso particular del impuesto de alumbrado público, aún en los casos en que se haya dispuesto que los obligados no deben autoliquidar la obligación tributaria a su cargo «se puede generar violación al debido proceso si la administración no emite un acto previo a la determinación de la obligación fiscal” (Énfasis propio). “En tal sentido, en los casos de determinación directa del tributo “debe la autoridad tributaria «expedirle al contribuyente un requerimiento previo que le permita controvertir las normas en que se fundamenta la liquidación del tributo, las condiciones en que fue liquidado y las pruebas que respaldan que el destinatario de la liquidación se subsume en la normativa que faculta al municipio a liquidar y cobrar el impuesto” 

Así las cosas, la Sala destacó su reiteración jurisprudencial en la que había expresado que “(Sen-019564-13): el emplazamiento es una invitación que realiza la Administración a aquellas personas naturales o jurídicas que no han cumplido con su deber de presentar las declaraciones tributarias, para que procedan a hacerlo, dentro de un plazo determinado y puedan ejercer así su derecho de defensa o presentar pruebas. El emplazamiento por no declarar es un acto de trámite que da inicio a una actuación administrativa denominada sanción por no declarar”, para la Alta Corporación está claro que, en el caso en concreto, el municipio profirió liquidaciones informativas del impuesto de alumbrado público sin que mediara acto previo, y que así la normativa local no lo exigiera, la misma no puede desconocerse, pues esto iría en contravía del debido proceso y derecho de defensa del obligado tributario. 

Conclusiones del caso: 

La sentencia del Consejo de Estado enfatiza la importancia del debido proceso en las actuaciones administrativas relacionadas con la determinación y cobro de tributos.  

Así las cosas, las entidades territoriales deben expedir actos administrativos previos que establezcan claramente las obligaciones tributarias antes de proceder a su liquidación y cobro, garantizando así los derechos de los contribuyentes y la legalidad de sus actuaciones. 

Ver aquí ​sentencia No.29463 ​de 2025​.

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