Indica el CTCP que en el evento en que un contador represente una persona jurídica y firme certificaciones de estados financieros con ocasión de lo dispuesto en la Ley 222 de 1995, “Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras disposiciones” este no transfiere su responsabilidad profesional; toda vez que con este acto, el contador público da fe de la información certificada y por lo tanto mantiene una responsabilidad individual sobre el proceso de revisión, conocimiento y evaluación de la información. 

En ese sentido, cuando al contador público se le solicita firmar certificaciones sin pleno conocimiento de la información objeto de las mismas, pueden estarse presentando situaciones que asemejan una amenaza de intimidación, consistentes en una presión directa o indirecta que afectan el juicio profesional y/o comprometen su capacidad de actuar con objetividad e integridad y la cual debe ser puesta en conocimiento de la Junta Central de Contadores; de acuerdo con sus deberes éticos y profesionales.