Es importante que se analice los efectos del fallo tutela en Yopal, en especial para las entidades financieras que no hayan liquidado el impuesto a la tarifa del del 20 por mil. 

En derecho, los efectos "ex nunc" y "ex tunc" de un fallo, como el de una acción de tutela, determinan cuándo comienzan a surtir sus efectos. "Ex nunc" significa que los efectos se producen desde el momento en que se dicta el fallo, hacia el futuro, mientras que "ex tunc" implica que los efectos se aplican retroactivamente, desde el momento en que ocurrió el hecho que generó la acción. En el contexto de la acción de tutela, los efectos ex nunc son la norma general, a menos que el juez determine específicamente efectos ex tunc. 

Efectos en otros Municipios en los que ya se habría decretado Nulidad  

En el caso de Cali recordamos que la Sección Cuarta del Consejo de Estado también falló a favor de las entidades financieras en cuanto revocar la tarifa del ICA del 23x1000 que había establecido este Municipio, por lo que a la fecha esta decisión se debería mantener en firme en tanto no ha existido un fallo de tutela como el que se analizó líneas arriba. 

Además, la Corte Constitucional ha dicho que en principio los efectos de las sentencias son Inter partes, es decir, solo tienen efectos entre las partes que se constituyeron en el proceso. Sin embargo, en casos excepcionales ha dicho el Alto Tribunal, que es posible extender los efectos subjetivos de la sentencia a un grupo más amplio de personas afectadas por la misma situación de hecho o de derecho​.  

La Corte justifica esta extensión con base en cuatro criterios principales: (i) evitar que la protección de los derechos de algunos miembros de un grupo afecte negativamente a otros, (ii) asegurar el goce efectivo de los derechos de todos los integrantes de una misma comunidad, (iii) responder al contexto particular de cada proceso y (iv) garantizar el acceso a la justicia mediante la tutela judicial efectiva.  

Revisión de la decisión de Tutela por parte de la Corte Constitucional 

La Corte Constitucional tiene la facultad discrecional de revisar fallos de tutela cuando considera que pueden afectar principios constitucionales o generar un perjuicio grave. No está obligada a revisar todas las tutelas, sino solo aquellas que seleccione para su estudio. 

Ante una eventual revisión de la Corte Constitucional, bajo los cuatro criterios analizados, sería el Alto Tribunal quien decidiera si le da alcance Inter Comunis, al fallo de tutela con el fin de proteger los derechos de todos los miembros de un grupo, afectados por la misma situación de hecho o de derecho, en condiciones de igualdad.  

En suma, debería responder la siguiente pregunta: ¿Resulta aplicable a un grupo de Municipios bajo el entendido que se protegió el d​erecho fundamental al debido proceso en el caso de Yopal? 

Algunas reflexiones finales:  

Vale la pena mencionar que la revisión de tutelas contra providencias de altas Cortes es un procedimiento excepcional. Más allá de las diferencias de criterios que puedan existir entre los órganos de cierre, este mecanismo se ha dado principalmente cuando existe un precedente judicial o una sentencia de unificación que se ignora.   

Sin embargo, este tipo de mecanismo puede suponer un conflicto sin fin perjudicial para los ciudadanos, siendo definitivamente un tema polémico, pues genera el interrogante de si en estos casos, la tutela prospera como una instancia superior que atenta en contra de principios como la cosa juzgada, juez natural y el debido proceso, o como un herramienta jurídica garante de derechos fundamentales. 

Lo que ha dicho la Corte Constitucional, es que la tutela es permitida cuando se identifican vulneraciones graves a derechos fundamentales. En este sentido, la Corte ha reemplazado el concepto de "error de hecho" por "causales genéricas de procedibilidad", asegurando que la tutela no funcione como una instancia adicional, sino como un medio de protección. 

Esperaremos entonces que la Corte Constitucional tenga la oportunidad de revisar el fallo, y se garantice sobre todo la seguridad jurídica de los ciudadanos.