A pesar de que la demandante dio respuesta oportuna remitiendo la información que tenía en su poder, el municipio reiteró lo pedido a la actora indicando que la información proporcionada contenía yerros e inconsistencias. En su respuesta el contribuyente envió los datos solicitados e indicó que la información entregada era la que tenía en su poder para el momento. 

Al considerar que la información suministrada era incorrecta e inexacta, el Municipio impuso la sanción por no enviar información.  

El Consejo de Estado declaró la nulidad de los actos acusados, reiterando el precedente jurisprudencial que existe sobre este mismo aspecto, en el que se concluyó que, si la solicitud de información se realizó mediante un derecho de petición, la actuación debe «regirse por las normas procedimentales que rigen dicha figura», en cuya reglamentación «no está consagrada la sanción por no informar», por lo que no es procedente sancionar por ese tipo infractor en casos bajo tales circunstancias.