En reciente sentencia, el Consejo de Estado analizaron los límites jurídicos y los requisitos de procedencia del artículo 82 del Estatuto Tributario, que establece la estimación de costos en el impuesto sobre la renta cuando no sea posible su determinación mediante prueba directa. Dicha norma dispone lo siguiente:  

"Artículo 82. Determinación de costos estimados y presuntos. Cuando existan indicios de que el costo informado por el contribuyente no es real o cuando no se conozca el costo de los activos enajenados ni sea posible su determinación mediante pruebas directas, tales como las declaraciones de renta del contribuyente o de terceros, la contabilidad o los comprobantes internos o externos, el funcionario que esté adelantando el proceso de fiscalización respectivo, puede fijar un costo acorde con los incurridos durante el año o periodo gravable por otras personas que hayan desarrollado la misma actividad del contribuyente, o hayan hecho operaciones similares de enajenación de activos, atendiendo a los datos estadísticos producidos por la Dirección General de Impuestos Nacionales [Hoy DIAN] por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, por el Banco de la República, por la Superintendencia de Industria y Comercio, por la Superintendencia de Sociedades u otras entidades cuyas estadísticas fueren aplicables". 

En esta ocasión, la Sala reiteró que dicho precepto no exime al contribuyente de su deber de probar los costos relacionados con la enajenación de activos y no puede interpretarse como una alternativa automática ante la falta de documentación idónea: 

"...ese análisis que estima que la función y el propósito de la norma no radican en derogar las exigencias probatorias a cargo de los contribuyentes, ni en acoger un sistema automático de reclamación de costos al que se accede por incumplir los deberes de colaboración con la autoridad, ni en desestimular a quienes se encaminan a brindar pruebas directas de sus costos. Lo que consagra el precepto, inspirado en la realización del principio de capacidad económica, es una respuesta complementaria para casos en los que, tras la aportación de pruebas directas, no haya sido posible probar el costo del activo enajenado. Se trata de una solución contemplada para casos en los que la autoridad tributaria rebate las pruebas allegadas por el interesado para la comprobación del costo, sin que se cuente con otros medios de prueba que permitan la determinación directa”. 

La controversia surgió a partir de la actuación de la Autoridad Tributaria, que adicionó ingresos a la base gravable del impuesto sobre la renta de la demandante, sin reconocer los costos asociados. 

El actor sostuvo que había aportado certificados y documentos equivalentes que demostraban los costos incurridos en actividades agrícolas, los cuales fueron rechazados por la administración por no cumplir los requisitos formales establecidos en la normativa fiscal.  

Ante esta negativa, el demandante solicitó que se aplicara el artículo 82 del ET, proponiendo la estimación de los costos, ya fuese mediante datos estadísticos de​​l sector (como los de Fedearroz) o, en su defecto, fijando el costo en el 75% de los ingresos obtenidos.  

La DIAN, por su parte, argumentó que no era procedente acceder a tal estimación, puesto que el actor no había demostrado ni explicado de manera suficiente los costos involucrados, no aportó las facturas exigidas por la ley, ni tampoco especificó con claridad qué gastos pretendía imputar.