En esta oportunidad, la controversia surgió a raíz de la reclasificación de ingresos por ventas exentas a zonas francas como ingresos gravados, y la consecuente imposición de una sanción por inexactitud del 100%, al considerar que la sociedad demandante no cumplió con los requisitos exigidos para gozar de la exención prevista en el literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario. 

“i) la operación: venta de bienes (materia prima, partes o el producto final), ii) el factor subjetivo y territorial: que se realice “desde” el territorio aduanero nacional (TAN) a “usuarios industriales (…) de zona franca” o entre estos, condición subjetiva que implica que la entrega de los bienes debe realizarse en la zona franca, pues es el área donde se encuentran instalados exclusivamente los usuarios industriales, y iii) la finalidad: los productos enajenados deben ser “necesarios” en la producción de bienes o la prestación de servicios que tales usuarios desarrollan en la zona franca.”