En primera medida, recordemos que, en el año 2010, con el fin de generar y formalizar empleo, estableció un beneficio de progresividad en el pago del impuesto sobre la renta y complementarios de pequeñas empresas que iniciaran su actividad económica con posterioridad a la promulgación de dicha normativa o que ya preexistentes optaran por regularizarse. Los requisitos previstos eran no superar una planta de personal de 50 trabajadores y que los activos totales no superaran una cuantía de 5.000 smlmv lo cual estuvo vigente hasta el año 2016. 

Dicho lo anterior, según los actos demandados, el accionante no cumplía con los requisitos exigidos para ser considerado empresa conforme a lo dispuesto en el Código de Comercio y en el Decreto reglamentario aplicable al beneficio, ya que la DIAN encontró en este caso que la actividad productora reportada fue prestada personalmente por el representante legal de la sociedad quien actuaba como profesional independiente, sin que la persona jurídica tuviera infraestructura física adecuada ni registro en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. Adicionalmente, cuestionó que el domicilio fiscal correspondía a una vivienda y no a un establecimiento de comercio abierto al público. 

Por su parte, el accionante sostuvo que cumplía con todos los elementos propios de una empresa, incluyendo estructura organizacional, activos, trabajadores y contratos comerciales, y que la sociedad funcionaba en espacios compartidos con una clínica debidamente habilitada por lo que alegó que la administración tributaria desconoció el procedimiento especial de abuso previsto en el Estatuto Tributario, lo cual vulneraba el debido proceso.