Lo anterior en atención al recurso de apelación interpuesto por una sociedad concesionaria contra el fallo del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que había reducido la sanción por inexactitud, pero mantenía el rechazo total de una deducción especial por inversión en activos fijos reales productivos en el impuesto sobre la renta. 

El caso se originó cuando en la declaración del impuesto sobre la renta del año 2008, la actora registró la deducción especial mencionada derivada de la ejecución de un contrato de concesión vial en el que se desarrollaron inversiones relacionadas con la construcción de segundas calzadas en el departamento del Valle del Cauca, entre ellas, la compra de triturados de material pétreo necesario para la ejecución de las obras. 

Sobre esto, la Administración Tributaria modificó la declaración de renta presentada por la actora, al considerar inexistente la operación que sustentaba la deducción reclamada por la adquisición de material pétreo triturado. La Autoridad Fiscal alegó que este carecía de capacidad económica, operativa y administrativa, además de inconsistencias documentales y ausencia de prueba de pagos a través del sistema financiero. 

En su defensa, la demandante sostuvo que la operación estaba debidamente soportada con contratos, licencias, pólizas, facturas, pagos canalizados por un fideicomiso y certificaciones de terceros, incluyendo la interventoría. Afirmó que las objeciones de la administración se basaban en una indebida valoración de pruebas y que el incumplimiento de obligaciones tributarias del proveedor no era imputable al contratante.