La entidad fiscal rechazó parcialmente unos costos, argumentando que superaron el límite de 100 UVT en pagos en efectivo tal como lo indica la normativa tributaria, en la que, a su criterio, indica que ese tope se aplica de forma acumulativa en las transacciones realizadas durante el año gravable. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca anuló parcialmente los actos administrativos, reconociendo que el límite se aplica de forma individual a cada transacción y ordenó recalcular la sanción por inexactitud sobre los valores aceptados. 

En apelación, el contribuyente solicitó el reconocimiento total de los costos y la inaplicación de las sanciones, argumentando que las operaciones se encontraban probadas y también que se diera aplicación a la determinación de costos estimados y presuntos, de la que habla el Estatuto Tributario y en la que se indica que cuando existan indicios de que un costo informado por el contribuyente no es real o cuando no pueda determinarse el costo de un activo enajenado mediante pruebas directas (entiéndase contabilidad, comprobantes internos o externos o declaraciones de renta del contribuyente o de terceros) la Autoridad Tributaria podrá fijar el costo de acuerdo con los que sean  informados por otras personas que desarrollen la misma actividad u operaciones similares, dentro de un marco de datos estadísticos producidos por entidades a las que les son aplicables.  

Sin embargo, la Sala negó la estimación de costos presuntos al verificar que, en el caso concreto, existían pruebas directas y su aplicación está supeditada a los escenarios en que no se cuentan con estas.