Con base en ello, recordemos que este fondo consiste es una contribución parafiscal que deben pagar las empresas de construcción y se encuentra administrado por el SENA. Con este fondo, se financian programas de formación y capacitación para los trabajadores de la construcción, en el entendido que estas empresas no se encuentran obligadas a contratar aprendices. En ese sentido, estas empresas deben pagar una contribución equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente por cada 40 trabajadores en cada obra. 

Dicho lo anterior, el proceso se originó en la liquidación oficial expedida en octubre de 2019 por el SENA, en la cual se fijó la obligación de pagar esta contribución por los periodos comprendidos entre 2013 y 2018. La demandante alegó que se habían expedido dos actos sobre la misma obligación, que el SENA no tenía competencia por vencimiento de términos y que se configuró una responsabilidad solidaria inexistente entre contratistas y propietario de la obra. 

Sobre esto, la Sala precisó que no hubo duplicidad en la liquidación, pues el acto definitivo fue seguido únicamente de la orden de pago, sin que ello implicara doble determinación.  

Así mismo, aclaró que la competencia del SENA no estaba caducada, dado que la normativa no establece un término especial para la determinación de la contribución al FIC, por lo que aplica la prescripción ordinaria de diez años prevista en el Código Civil.