1. Inexistencia de tipos impositivos o existencia de tipos nominales sobre la renta bajos, con respecto a los que se aplicarían en Colombia en operaciones similares. 

2. Carencia de un efectivo intercambio de información o existencia de normas legales o prácticas administrativas que lo limiten. 

3. Falta ​de transparencia a nivel legal, reglamentario o de funcionamiento administrativo. 

4. Inexistencia del requisito de una presencia local sustantiva, del ejercicio de una actividad real y con sustancia económica. 

5. Además de los criterios señalados, el Gobierno Nacional tendrá como referencia los criterios internacionalmente aceptados para la determinación de las jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula imposición”. 

Adicionalmente, la norma dispone que (i) las operaciones realizadas con dichas jurisdicciones, deberán estar sometidas al régimen de precios de transferencia y cumplir con la obligación de presentar la documentación comprobatoria y la declaración informativa con respecto a dichas operaciones, independientemente de que su patrimonio bruto en el último día del año o periodo gravable, o sus ingresos brutos del respectivo año sean inferiores a los topes señalados en la ley y (ii) la ley le da la potestad al Gobierno Nacional de actualizar el listado de jurisdicciones que cumplan con los criterios señalados con anterioridad.