Dicho lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de 2022-2026, modificaba la temporalidad para aplicar la contribución nacional de valorización, permitiendo que la misma fuese aprobada hasta cinco años después del inicio de la operación del proyecto. 

La Corte Constitucional concluyó que dicha disposición no guardaba una conexión directa ni inmediata con los objetivos, metas o estrategias del PND, vulnerando el principio de unidad de materia, puesto que no se demostró que sin esta medida los fines del Plan no pudieran ser satisfechos. 

También recalcó la Alta Corporación que lo relativo al análisis del principio de unidad de materia en normas del PND, debe ser más riguroso en el evento en que se advierta que: “la norma es de naturaleza tributaria, que puede afectar el goce de derechos fundamentales, que supera el marco temporal del cuatrienio, que no fue objeto de una deliberación intensa en el Congreso respecto de la implementación de la medida, y que el gobierno no explicó – con suficiencia– su inclusión en plan.”