La entidad recordó que el principio de favorabilidad, consagrado en la Constitución Política y desarrollado en el Estatuto Tributario, ordena aplicar la norma más benigna al contribuyente cuando existan disposiciones sancionatorias sucesivas. Este principio tiene aplicación inmediata y general, y solo puede ser restringido cuando una norma especial así lo establezca expresamente. 

En cuanto a la terminación por mutuo acuerdo, la DIAN hizo un recuento normativo que incluye las reformas tributarias de los años 2016, 2018, 2019 y 2022, en las cuales se consagraron condiciones específicas para acceder a este beneficio, como plazos y porcentajes de pago. En esos contextos, explicó la entidad, que la doctrina oficinal aseguró que el principio de favorabilidad no podía aplicarse de forma automática, pues dichas normas tenían carácter temporal y estaban diseñadas para situaciones particulares.  

No obstante, la DIAN precisó que, actualmente, al no existir una regulación especial vigente que limite la aplicación de la favorabilidad, esta puede operar plenamente incluso en los casos de terminación por mutuo acuerdo. De esta manera, si durante un proceso sancionatorio surge una norma posterior más benigna y aún no se ha consolidado la situación jurídica — por ejemplo, si el acta de terminación no está en firme o la sanción no ha sido pagada—, el contribuyente podrá acogerse a la aplicación del principio.