Para abordar lo anterior, recordemos a que se refieren estos dos conceptos, de acuerdo con la normativa vigente para la época de los hechos (2017). 

1. Los predios no urbanizables, sobre los cuales es aplicable una tarifa del 5x1000 (0.5%) se encuentran definidos en el Acuerdo Distrital No 105 de 2003 de la siguiente manera: “Son aquellos predios que por su localización no pueden ser urbanizados tales como los ubicados por debajo de la cota de la ronda de río o por encima de la cota de servicios.” 

2. Por otra parte, el citado acuerdo establece que los predios urbanizables no urbanizados, sobre los cuales recae una tarifa del 33x1000 (3.3%), son definidos como: “…predios pertenecientes al suelo urbano que pueden ser desarrollados urbanísticamente y que no han adelantado un proceso de urbanización.” 

Claro esto, el contribuyente alegó que para que el terreno fuere considerado como predio urbanizable no urbanizado, requería un plan parcial para su desarrollo, el cual es un instrumento que articula los objetivos de ordenamiento territorial con los de gestión del suelo que genera nuevos usos urbanos o la transformación de los espacios urbanos previamente existentes, buscando el aprovechamiento de los espacios privados en armonía con los planes de ordenamiento territorial.  

Lo anterior, aunado a que el inmueble estaba afectado por una reserva vial para la ampliación de una carrera colindante, razones por las cuales debía considerarse como no urbanizable; sin embargo, la Secretaría Distrital de Hacienda modificó la declaración privada del impuesto predial presentada por la empresa y aplicó una tarifa del 33x1000 en lugar del 5x1000. 

Con base en lo anterior, el Consejo de Estado sostuvo que la tarifa del impuesto predial debe determinarse con base en la información catastral vigente al 1.º de enero del año gravable; y para el caso en concreto, el predio figuraba con destino económico “urbanizable no urbanizado”.  

Adicionalmente, recordó que, pese a que la definición del predio implica la necesidad de la adopción de un plan parcial para que pueda ser desarrollado urbanísticamente, este plan depende únicamente de la iniciativa del propietario del inmueble en su calidad de promotor, por lo que la falta de este no puede ser atribuible a la administración y a la fecha de los hechos, no existía constancia de que se hubiera radicado la formulación del plan parcial correspondiente.