La norma vigente establece una tarifa del 1.5%, que actualmente debe ser retenida por las entidades emisoras de las tarjetas, cuando los pagos efectuados mediante estos medios están sujetos a retención en la fuente. 

El proyecto de decreto plantea reducir la tarifa de retención al 0%, y trasladar la responsabilidad de actuar como agente de retención al pagador, siempre que las normas vigentes establezcan una tarifa superior para el tipo de operación realizada. 

Tanto la norma actual como el proyecto mantienen la exclusión de impuestos, tasas, contribuciones y propinas de la base sujeta a retención.