La entidad tributaria abordó en detalle los elementos esenciales del impuesto, iniciando por el hecho generador, el cual se configuró con la posesión de un patrimonio líquido igual o superior a 200.000 UVT. Además, precisó que dicho patrimonio debía entenderse como el aprovechamiento económico —real o potencial— de los bienes en cabeza del contribuyente, en línea con lo establecido en el Estatuto Tributario​. De igual forma, se indicó que la causación del impuesto ocurrió, de manera general, el 1 de marzo de 2026, aunque se establecieron reglas particulares para ciertos sujetos, como los establecimientos permanentes de entidades extranjeras, cuya causación se fijó el 31 de marzo del mismo año.  

En relación con los sujetos pasivos, la DIAN reiteró que el impuesto recayó sobre personas jurídicas, sociedades de hecho y establecimientos permanentes que fueran contribuyentes del impuesto sobre la renta y estuvieran obligados a declarar. No obstante, desarrolló con mayor profundidad las exclusiones, destacando que no todas las entidades quedaron cobijadas por el gravamen. Por ejemplo, las propiedades horizontales fueron excluidas al no ser contribuyentes de impuestos nacionales, mientras que las empresas del sector salud debían analizar caso a caso su inclusión, debido a la ausencia de una definición legal estricta del concepto.  

Adicionalmente, se precisó que las entidades del Régimen Tributario Especial (RTE) sí estuvieron, en principio, sujetas al impuesto, salvo que cumplieran con alguna de las excepciones previstas en la norma. También se incluyeron como sujetos pasivos los contribuyentes con Presencia Económica Significativa (PES), siempre que cumplieran con los requisitos generales de sujeción.  ​