En esta oportunidad, la administración tributaria, con ocasión de la notificación del requerimiento especial y la liquidación oficial de revisión, propuso al contribuyente la modificación del renglón 42 – “Ingresos brutos operacionales" de la declaración de renta del año 2016; principalmente, porque detectó una inconsistencia en el monto de los ingresos reportados en la declaración de renta y en las declaraciones de IVA del mismo período, por un valor de $595.775.000.
El Consejo de Estado aclaró el alcance de las facultades de fiscalización de la DIAN frente a inconsistencias entre las declaraciones de renta e IVA, al concluir que un error en una declaración no puede ser utilizado para aumentar artificialmente la base gravable en otro impuesto. Veamos lo que ocurrió:
Contexto:
El caso giraba en torno a una diferencia de $595.776.000 que la Administración pretendía adicionar al impuesto sobre la renta de 2016 con base en los ingresos reportados en las declaraciones de IVA de ese año.
La diferencia tuvo origen en un error del propio contribuyente, quien registró en la declaración de IVA del sexto bimestre ingresos que ya se habían declarado en el quinto bimestre, generando así una duplicidad. Como resultado, el mismo ingreso quedó reflejado dos veces en IVA, pero no en la contabilidad ni en la declaración de renta. Ya había pasado el año desde el vencimiento para declarar, con lo cual el contribuyente se encontraba inhabilitado para corregir de manera voluntaria.
Sin embargo, la DIAN insistió en que, debido a esta inconsistencia el contribuyente debía corregir la declaración de renta, adicionando los ingresos declarados en IVA.
Frente a esta situación, la Sala destacó que el contribuyente acreditó de manera suficiente la realidad económica de sus operaciones mediante un conjunto sólido de pruebas, entre ellas certificación del revisor fiscal, las declaraciones de IVA de los seis bimestres del año 2016, los estados financieros, la conciliación contable y fiscal, así como el detalle de ingresos, gastos, patrimonio y retenciones. Este soporte permitió demostrar que los ingresos fueron correctamente registrados y gravados, desvirtuando la presunción sobre una omisión.