En el concepto de violación, la demandante sostuvo que el emplazamiento fue remitido a una dirección electrónica que no correspondía a la registrada en el RUT ni a la informada ante las autoridades competentes, por lo que la notificación no produjo efectos jurídicos e impidió el ejercicio efectivo del derecho de defensa; por su parte, la entidad demandada afirmó que la notificación fue válida al haberse realizado a una dirección obtenida mediante cruces de información y que, en todo caso, el contribuyente tuvo conocimiento de la actuación y ejerció su defensa, por lo que no existía vulneración del debido proceso. 

El Tribunal Administrativo de Risaralda acced​​ió a las pretensiones al considerar que la expedición y notificación del emplazamiento para declarar constituye un requisito esencial del procedimiento sancionatorio y que, en el caso concreto, la administración no lo notificó en la dirección electrónica registrada por el contribuyente, lo que impedía que produjera efectos jurídicos y viciaba la actuación; decisión que fue apelada por la entidad demandada, quien insistió en la validez de la notificación electrónica, en la prevalencia de la finalidad sobre las formalidades y en la configuración de una notificación por conducta concluyente. 

Al resolver el recurso, la Sala centró su análisis en determinar si la notificación del emplazamiento para declarar se realizó conforme a las reglas legales y si dicho acto previo cumplió su finalidad dentro del procedimiento sancionatorio. En ese sentido, reiteró que la notificación constituye una garantía esencial del debido proceso y que el emplazamiento para declarar es un requisito sine qua non para la imposición de la sanción por no declarar, por lo que su indebida notificación impide la validez del procedimiento.