Del análisis de los países, se resalta que en Colombia el aumento de la recaudación del IVA respondió principalmente a la aplicación de la tarifa del 19% a las importaciones de combustibles líquidos y a la extensión del impuesto a los juegos de suerte y azar operados por Internet, cuya recaudación alcanzó el 0,1% del PIB entre febrero y noviembre de 2025. Frente al gasto, la reducción de los subsidios energéticos reflejada en menores transferencias al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles fue compensada por mayores erogaciones en pensiones y transferencias, lo que contribuyó a un deterioro del balance fiscal. Por su parte, en materia de deuda, las operaciones de manejo realizadas durante el año permitieron reducir el valor del saldo y contener los pagos de intereses en términos relativos.
2. Incumplimiento del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF)
El incumplimiento del IRPF constituye una de las principales debilidades de los sistemas tributarios de América Latina y el Caribe. En comparación con la OCDE, la región presenta una recaudación baja por este impuesto, como consecuencia de bases imponibles estrechas, altos umbrales exentos, tratamientos preferenciales y elevados niveles de evasión, elusión y mora, particularmente entre los trabajadores independientes. Las estimaciones muestran que la brecha asociada al incumplimiento del IRPF representa entre el 0,33% y el 0,93% del PIB, lo que afecta tanto la equidad como la sostenibilidad fiscal.
En ese contexto, frente a las estrategias para reducir el incumplimiento, se encuentran:
• Digitalización y fiscalización basada en datos: uso de ciencia de datos, cruces de información, modelos predictivos e inteligencia artificial para segmentar contribuyentes y focalizar controles.
• Facilitación del cumplimiento voluntario: facturación electrónica, declaraciones prellenadas, automatización de trámites y asistentes virtuales.
• Cooperación internacional: intercambio automático de información financiera para detectar ingresos y activos no declarados en el exterior.
• Regímenes simplificados para trabajadores independientes: favorecen la formalización, mediante menores costos administrativos y mecanismos presuntivos. Ejemplos como el monotributo en Argentina y el régimen MEI en Brasil muestran un fuerte aumento de contribuyentes registrados, aunque con bajos niveles de recaudación.
• Programas de regularización tributaria: permiten obtener ingresos extraordinarios mediante amnistías, fraccionamientos o declaraciones voluntarias. La CEPAL cita, entre otros casos, la regularización fiscal en México, el fraccionamiento especial del Perú y la normalización tributaria en Colombia.
• Reformas normativas: El fortalecimiento del IRPF requiere reformas legales para ampliar bases, reducir tratamientos preferenciales y aumentar la progresividad.
En Colombia, el enfoque se ha centrado en estrategias administrativas orientadas a facilitar el cumplimiento y fortalecer el control tributario, mediante la facturación electrónica, el cruce masivo de información y el uso del asistente virtual DIANA de la DIAN. El informe también menciona los programas de normalización tributaria, que permitieron regularizar activos omitidos y pasivos inexistentes, generando ingresos extraordinarios recientes en un contexto marcado por alta informalidad.
3. Gastos tributarios sociales: magnitud y límites
Además del gasto público directo como transferencias monetarias o provisión de servicios, muchos países de América Latina utilizan el sistema tributario para apoyar objetivos sociales mediante gastos tributarios, es decir, exenciones, deducciones, tasas reducidas o créditos fiscales. Según el análisis comparado de 12 países realizado por la CEPAL, estos instrumentos representan, en promedio, cerca del 1,8% del PIB, aunque con diferencias importantes entre países.
La mayor parte de estos beneficios se concentra en el ámbito de la protección social. En la práctica, esto incluye, por ejemplo, exenciones del impuesto sobre la renta a jubilaciones y pensiones, deducciones por gastos familiares, beneficios tributarios por la contratación de personas con discapacidad o adultos mayores, y tratamientos preferenciales a donaciones con fines sociales. También son frecuentes las exenciones o tasas reducidas del IVA aplicadas a bienes de la canasta básica, con el objetivo de aliviar el costo de vida de los hogares.
En otros sectores sociales, los gastos tributarios adoptan formas similares. En salud y educación, el informe identifica exenciones del IVA a servicios educativos y de salud, así como deducciones en el impuesto sobre la renta por gastos médicos, seguros de salud y gastos educativos. En el ámbito de la vivienda, se destacan exenciones del IVA al arrendamiento, deducciones por intereses hipotecarios e incentivos tributarios a la construcción de vivienda de interés social.
No obstante, la CEPAL advierte que estos instrumentos presentan limitaciones relevantes. En muchos casos, los beneficios están poco focalizados, ya que se aplican de manera general y terminan beneficiando también a hogares de ingresos medios y altos, lo que reduce su impacto redistributivo. Además, el informe señala que existe escasa información sistemática sobre el costo fiscal, la efectividad y el impacto distributivo de estos gastos tributarios, lo que dificulta evaluar si son más eficientes que otras alternativas de política social, como las transferencias directas.
En este sentido, el mensaje central no es eliminar estos instrumentos, sino mejorar su gobernanza, incorporando evaluaciones periódicas, mayor transparencia y una mejor articulación con la política presupuestaria, para asegurar que los recursos que el Estado deja de recaudar cumplan efectivamente un objetivo social.
El Panorama Fiscal 2026 muestra una región que ha logrado cierta estabilidad fiscal en un contexto adverso, pero que enfrenta desafíos estructurales persistentes, como altos niveles de deuda, evasión tributaria y un uso intensivo de beneficios fiscales con impacto social incierto. El caso colombiano refleja avances en materia de recaudo, pero también tensiones en el balance fiscal y retos de sostenibilidad.
Más que ampliar instrumentos se debe fortalecer las finanzas públicas exige mejorar el diseño, la evaluación y la gobernanza de la política fiscal, con un mayor énfasis en la equidad, la eficiencia y la transparencia.
Ver aquí informe de la Cepal (2026) del Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe.