En el caso concreto, la controversia se originó en una liquidación oficial de aforo del ICA del año gravable 2018, mediante la cual la administración municipal determinó el impuesto y sancionó por no declarar, al considerar que la sociedad desarrollaba actividad comercial en su jurisdicción por contar con un inmueble desde el cual almacenaba y despachaba mercancías a clientes ubicados allí; en contraste, el contribuyente sostuvo que dicho inmueble correspondía únicamente a una bodega sin atención al público y que las ventas se perfeccionaban en otras ciudades a través de centros de televentas, donde se acordaban los elementos esenciales de la operación, lo que dio lugar al debate sobre el lugar de realización de la actividad gravada y la suficiencia de la prueba para acreditar el origen extraterritorial de los ingresos.

Así las cosas, en la demanda se formularon los siguientes cargos. 

Cargo primero: falta de aplicación de las normas que regulan el hecho generador del ICA:

1. 1. La demandante sostuvo que:​

• No realizó actividades comerciales dentro de la jurisdicción del municipio de Neiva. 

• Su operación de venta se perfeccionó en las ciudades de Bogotá e Itagüí, a través de centros de televentas 

• La actividad gravada con el ICA no se desarrolló en Neiva, por lo que no existe hecho generador en dicha jurisdicción. 

      2.  La Autoridad sostuvo que:

• No existió omisión de la aplicación correcta del régimen que procedía. 

• La demandante realizó actividades comerciales en la jurisdicción de Neiva durante el año gravable 2018, pues contaba con un establecimiento de comercio registrado donde almacenaba y despachaba mercancía vendida a los clientes ubicados en el municipio. 

• El despacho de bienes desde ese inmueble configura actividad comercial en los términos definidos por la ley. 

Cargo segundo: Interpretación errónea de las reglas de territorialidad:

 1.La parte demandante sostuvo que:

2. La Administración sostuvo que:

Cargo tercero: existencia de falsa motivación derivada de una indebida valoración probatoria:

 1. La demandante sostuvo que:

2. La administración sostuvo que: 

El problema jurídico consistió en determinar en qué municipio se entiende realizada la actividad comercial cuando no existe un punto de venta abierto al público, pero sí un inmueble desde el cual se almacenan y despachan mercancías.

Teniendo en cuenta los argumentos planteados por las partes, la Sala señaló que:

1. El hecho generador del ICA corresponde al desarrollo de actividades comerciales dentro de la jurisdicción de un municipio. En ese contexto, destacó las reglas de territorialidad previstas en el artículo 343 de la Ley 1819 de 2016:

2. Si existe establecimiento de comercio o punto de venta, la actividad se entiende realizada en su ubicación.

3. En ausencia de estos, la actividad se entiende realizada donde se perfecciona la venta, es decir, donde se acuerdan el precio y la cosa.​

En este contexto, el Consejo de Estado reiteró que la determinación del lugar de causación del impuesto no puede fundarse en elementos accesorios como el sitio de entrega de la mercancía o el domicilio del comprador, sino en el análisis probatorio del lugar donde se concretan los elementos esenciales del contrato de compraventa, esto es, el acuerdo sobre el precio y la cosa.