​El Consejo de Estado falló en el litigio contra el Decreto 572 de 2025​ mediante el cual, el Gobierno Nacional reguló las bases de retención y las tarifas de retención en la fuente y de autorretención para determinadas actividades económicas al resolver los recursos de súplica y levantar la suspensión provisional que afectaba sus principales disposiciones. La Sala confirmó la decisión que había negado la medida cautelar solicitada por la Fundación para el Estado de Derecho y, al mismo tiempo, revocó el auto que había suspendido los artículos 2 a 8 del decreto, con lo que negó definitivamente, en esta etapa procesal, la suspensión del acto administrativo.