Pocas figuras parecen más ligadas a la presencia en Colombia que la de agente de retención. Sin embargo, la DIAN acaba de reiterar una postura que sigue generando interrogantes: una sociedad extranjera sin domicilio ni residencia fiscal en el país puede asumir ese papel cuando adquiere un inmueble ubicado en territorio colombiano.  

La conclusión aparece en el concepto más reciente de la DIAN, en el que la administración tributaria analizó la venta de un bien inmueble entre dos sociedades, una de ellas extranjera no residente. Allí sostuvo que, como regla general, la retención en la fuente debe ser practicada por la sociedad compradora, incluso cuando se trate de una entidad constituida y domiciliada en el exterior.  

Lo interesante del pronunciamiento no es únicamente la respuesta, sino la historia doctrinal que hay detrás. 

Una discusión que comenzó en 2019 

La controversia surgió poco después de la introducción de las reglas especiales de retención para operaciones inmobiliarias en las que intervienen personas jurídicas. En 2019 la DIAN examinó distintos escenarios de compraventa de inmuebles y concluyó que, cuando el vendedor y el comprador eran sociedades, la obligación de practicar la retención recaía sobre el adquirente.  

Ese mismo año la entidad fue un paso más allá. Al analizar el caso específico de una persona jurídica del exterior que compraba un inmueble en Colombia, afirmó que la calidad de agente retenedor no dependía del domicilio del comprador. En otras palabras, una sociedad extranjera no residente también debía practicar la retención y cumplir el requisito previo al otorgamiento de la escritura pública.  

La tesis llamó la atención porque la DIAN hace una lectura literal del artículo 368 ​E.T., pero es incoherente con la arquitectura del sistema de retención, con el principio de eficiencia tributaria y con la realidad operativa de un sujeto sin presencia fiscal en Colombia. La asignación de la obligación de retener a la sociedad extranjera compradora genera una norma de imposible cumplimiento práctico y desplaza indebidamente el riesgo tributario al vendedor residente. ​