Al resolver la apelación, el Consejo de Estado reiteró que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho procede frente a actos administrativos definitivos, es decir, aquellos que crean, modifican o extinguen una situación jurídica particular o que hacen imposible continuar una actuación administrativa. Aunque la jurisprudencia ha reconocido que algunos autos de archivo pueden adquirir carácter definitivo, precisó que ello ocurre cuando existe un procedimiento formal de determinación tributaria y la administración adopta una decisión de fondo luego de valorar pruebas y argumentos dentro de ese trámite.
Para la Sala, esa situación no se presentó en este caso. La investigación iniciada por la DIAN tenía como objeto verificar costos declarados en el impuesto sobre la renta de 2019. Sin embargo, antes de que se expidiera un requerimiento especial, la sociedad corrigió voluntariamente su declaración. Como consecuencia de esa actuación, la administración optó por archivar el expediente, sin que llegara a iniciarse formalmente el procedimiento de revisión tributaria previsto en el Estatuto Tributario. Así las cosas, el archivo fue simplemente la consecuencia de esa corrección y no una decisión administrativa que hubiera definido de fondo una controversia tributaria.
El fallo no modifica la posibilidad de demandar autos de archivo que efectivamente definan de fondo una actuación formal de determinación, pero sí aclara que esa regla no se extiende a situaciones en las que el archivo deriva de actuaciones voluntarias del propio contribuyente antes de que la administración ejerza plenamente sus facultades de revisión.
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