Nuestros expertos de PWC de España realizaron un análisis sobre la decisión del Tribunal Supremo que hizo su pronunciamiento frente a la “deducción en el Impuesto sobre Sociedades (IS) de la retribución de los administradores”, abordando un escenario poco conocido hasta ahora. En este sentido el problema jurídico se basó en un caso donde los estatutos sociales no establecen el carácter remunerado del cargo, el Alto Tribunal falló favorablemente en su sentencia del 13 de marzo de 2024, tras un recurso de casación liderado por el equipo de Procedimientos Tributarios de PwC.
Como antecedente, la cuestión de la deducción de la remuneración de administradores ha sido motivo de debate en las Inspecciones tributarias, a pesar de los intentos por abordarla mediante la Ley 27/2014 del IS. Recientes fallos de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo mantuvieron la controversia viva.
En este contexto la sentencia del 13 de marzo de 2024, el Tribunal Supremo estableció que “la circunstancia de que los estatutos sociales no prevean el carácter retribuido del cargo de administrador o consejero no puede comportar, en todo caso, la consideración de liberalidad del gasto y la correlativa negación de su deducibilidad”. Argumentaron que negar automáticamente la deducción de estos gastos contradice el principio de correlación entre ingresos y gastos, según el artículo 14.1.e) del TRLIS. Sin embargo, señalaron que la ausencia de esta previsión estatutaria podría ser un indicio relevante en ciertos casos, que debe evaluarse junto con otras pruebas para determinar si realmente se trata de una liberalidad no deducible. Es importante destacar que el término "en todo caso" mencionado por el Tribunal indica la posibilidad de excepciones donde la falta de previsión estatutaria sí podría llevar a la no deducibilidad del gasto.
En consecuencia, la sentencia estableció que la deducción de la remuneración de administradores, enfatizando la necesidad de justificar el pago de los servicios prestados. Las empresas deben estar atentas a esta carga probatoria y podrían iniciar procedimientos para recuperar la tributación excesiva por la falta de deducción de estos pagos.
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