La Corte Constitucional analizó si las modificaciones de la última reforma tributaria a las tarifas de los usuarios de zona franca en materia del impuesto sobre la renta desconocían los principios de igualdad y equidad tributaria de la Carta Política por encontrar un trato diferente a sujetos que se encuentran en la misma situación fáctica y jurídica. El demandante argumentó que:

(i) Por un lado, los usuarios industriales de zona franca exportadores pueden acceder a la tarifa preferencial del impuesto a la renta prevista en el numeral 1º (20%), si acordaban el plan de internacionalización y anual de ventas con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Mientras que:

(ii) Los usuarios industriales de zona franca que, según la demandante, no tienen “vocación de exportación”o tributarían conforme a la tarifa general aplicable a las personas jurídicas, la cual es del 35%.

En virtud de lo anterior, para la demandante “esta distinción tarifaria era discriminatoria para los usuarios industriales que desarrollaban actividades distintas a la exportación y carecía justificación constitucional”.

Para la Corte la diferencia de trato  pretende:

1. Fomentar la exportación;

2. ​Corregir asimetrías tributarias que se derivaban de la posibilidad de que usuarios no exportadores se beneficien de la tarifa preferencial;

3. Las pruebas analizadas en el proceso conllevaron concluir que la tarifa preferencial del 20% reduce la carga fiscal de las empresas exportadoras mejorando su gestión financiera, y;

4. P​ermite la competencia entre los usuarios industriales exportadores con las compañías extranjeras que se benefician de impuestos corporativos inferiores.

Como consecuencia de las anteriores consideraciones la Sala consideró declarar exequibles las normas analizadas.