En el informe de objeciones presidenciales al Proyecto de Ley, se presentan varias razones por las que se considera que el proyecto es inconstitucional e inconveniente.
Se argumenta que las "leyes que decreten exenciones de impuestos, contribuciones o tasas nacionales, sólo pueden ser dictadas o reformadas por iniciativa del Gobierno". Además, se menciona que el proyecto de ley no incluye un análisis adecuado del impacto fiscal, lo cual es un requisito constitucional:"el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo".
Asimismo, se señala que la medida de los días sin IVA podría no beneficiar efectivamente a los consumidores, sino que "únicamente cambia la temporalidad del consumo y el tipo de bien consumido". También se critica que algunos artículos del proyecto podrían generar problemas de aplicación, por ejemplo, "los montos en UVT exentos se duplican frente a leyes anteriores e, inclusive, se proponen exenciones hasta por montos indeterminados".
Adicionalmente, la propuesta de hasta 5 días sin IVA en zonas de frontera "podría vulnerar el principio de igualdad y equidad tributaria" y presenta problemas de control tributario, ya que no se restringe a los habitantes de dichas zonas. Además, podría generar "un incentivo perverso" que distorsione el comercio local y la producción nacional, incrementando el costo fiscal sin beneficiar realmente a la población local.
Finalmente, se concluye que el proyecto de ley vulnera principios constitucionales y podría generar distorsiones en el mercado, afectando negativamente al comercio local y la producción nacional.