La resolución, otorga la facultad a las Cámaras de Comercio y sus centros de conciliación y arbitraje para gestionar procesos de recuperación extrajudicial de empresas en dificultades financieras lo que tiene como objetivo preservar el empleo, mantener la operación de las empresas y facilitar acuerdos con acreedores en un plazo de tres meses. 

Estos son los aspectos que destacamos del documento:  

• Mediación obligatoria a cargo de expertos calificados con experiencia en insolvencia. 

• Suspensión de procesos judiciales y administrativos una vez se inicia el procedimiento. 

• Propuesta de acuerdo y plan de negocios exigido al deudor desde la solicitud. 

• Facultad de arbitraje para resolver objeciones, con la posibilidad de que el laudo tenga efectos similares a una validación judicial. 

• Gratuidad parcial: al menos el 1% de los casos deberán ser atendidos gratuitamente para microempresas con pasivos menores a 50 SMLMV. 

• El reglamento deroga la Resolución 100-004412 de 2020 y entra en vigencia inmediata tras su publicación. 

Con esta medida, el Gobierno busca ampliar el acceso a soluciones de insolvencia más ágiles y cercanas al sector empresarial, fortaleciendo el papel de las Cámaras de Comercio como facilitadoras de la recuperación económica del país.