La ley permite financiar construcción de escenarios, becas, dotación de equipos, programas para población vulnerable, turismo deportivo y formación de entrenadores. Los aportes deben canalizarse mediante convenios y serán certificados para su uso fiscal. Esta figura sigue el modelo de “obras por impuestos”, pero ahora aplicada al deporte, con control y auditoría por parte del Estado. 

Esta norma busca vincular al sector privado con el fortalecimiento de la infraestructura y cultura deportiva nacional, generando impacto social y desarrollo económico.  

El beneficio tributario está vigente desde su promulgación y exige cumplimiento de requisitos para no perder la deducción obtenida.