​El Ministro de Justicia y del Derecho presentó un proyecto de Ley que busca convocar a la ciudadanía colombiana, mediante votación popular, para decidir si se instala una Asamblea Constituyente. La propuesta contempla que el Presidente de la República reciba facultades extraordinarias por seis meses para definir los requisitos de quienes integren la Asamblea, los criterios de identificación de los grupos sociales representados y los mecanismos democráticos internos para la conformación de listas. La iniciativa establece algunos límites: no podrá revocarse al Congreso y se deberán respetar los tratados internacionales sobre derechos humanos, las normas imperativas del derecho internacional que no admiten derogación (ius cogens) y el principio de no regresividad en derechos fundamentales. También se prevé control constitucional por vicios de procedimiento y campañas pedagógicas e informativas sobre el proceso. ​