La normativa propuesta adicionó el Capítulo I-A al Código Fiscal, definiendo como "entidades calificadas" a aquellas que acreditaran recursos humanos adecuados, instalaciones físicas, y la toma de decisiones estratégicas en el país. El ministerio detalló en el proyecto que rentas como dividendos, intereses, regalías y ganancias de capital estarían sujetas a una tarifa excepcional del 15% sobre la renta bruta si la entidad era considerada "no calificada" por falta de sustancia. No obstante, se incluyeron flexibilidades para la tercerización de actividades operativas en Panamá y la posibilidad de aplicar créditos por impuestos pagados en el extranjero. 

Para garantizar el cumplimiento, se establecieron nuevas obligaciones de reporte anual en la declaración jurada de rentas y se otorgaron facultades al Ministerio de Economía y Finanzas para supervisar la veracidad de la información. Asimismo, el MEF incorporó una cláusula anti-abuso para desconocer mecanismos cuyo fin principal fuera obtener ventajas tributarias sin realidad económica. Con esta reforma, el Estado panameño busca fortalecer la transparencia y la seguridad jurídica, promoviendo un modelo de crecimiento sostenible basado en la generación de valor agregado y empleo calificado. ​