La autoridad comunitaria precisó que dicha canalización del comercio, aunque no implica una prohibición formal de las importaciones, produce efectos restrictivos al dificultar el acceso al mercado ecuatoriano e incrementar los costos operativos para los importadores, contraviniendo los principios del programa de liberación comercial andino. 

Simultáneamente, la Secretaría General evidenció que la medida ecuatoriana produjo una afectación efectiva al flujo comercial, reflejada en la reducción de rutas logísticas disponibles, la concentración del tránsito en un único punto fronterizo y la disminución significativa del comercio por otros pasos autorizados. Asimismo, determinó que la medida no superó los criterios exigidos para su justificación como excepción por razones de seguridad, al no acreditar de manera suficiente su finalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en relación con los efectos restrictivos generados sobre el comercio intracomunitario. 

De manera complementaria, la Gaceta incorpora la calificación de la denominada “tasa de servicio de control aduanero” aplicada por Ecuador como gravamen incompatible con el ordenamiento andino, al concluir que no corresponde a un servicio individualizable ni proporcional al costo prestado, sino a un recargo de naturaleza equivalente a derechos aduaneros. En consecuencia, la autoridad ordenó el retiro de ambas medidas en plazos perentorios y exhortó a Colombia y Ecuador a fortalecer mecanismos de cooperación fronteriza, reiterando la primacía del principio de libre circulación de mercancías como pilar esencial del proceso de integración andino. ​​