En reciente pronunciamiento sobre el impuesto al patrimonio creado por el Decreto Legislativo 173 de 2026, (que adoptó medidas tributarias en materia de impuesto al patrimonio, para atender los gastos para hacer frente al estado de emergencia) la DIAN adicionó al Concepto General, quiénes están obligados a asumir este gravamen y quiénes se encuentran excluidos de su aplicación, lo anterior, en virtud de una consulta en la cual se le preguntó a la entidad si las empresas admitidas en procesos de reorganización (Ley 1116 de 2006), que se encuentre en etapa de negociación o acuerdo firmado, tienen la calidad de sujetos pasivos de dicho impuesto.
La entidad precisó que las empresas admitidas a procesos de reorganización en los términos de la Ley que estableció el Régimen de Insolvencia Empresarial tienen la calidad de sujetos pasivos del impuesto y explicó que esto es así pues la exclusión prevista para las empresas intervenidas por el Estado en ejercicio de funciones de inspección, vigilancia y control no se extiende a los procesos de reorganización, pues estos corresponden a mecanismos de recuperación empresarial en los que se mantienen los órganos de administración de la sociedad.
Así mismo, la entidad precisó que lo anterior se entiende sin perjuicio de la no exigibilidad del pago de la segunda cuota del Impuesto al Patrimonio para las personas jurídicas en liquidación. Lo anterior, en virtud de la suspensión provisional decretada por la Corte Constitucional mediante el Auto 533 de 2026, por medio del cual se suspendió temporalmente el recaudo de dicha cuota respecto de las entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen tributario especial y de las personas jurídicas que se encontraban en liquidación al 29 de abril de 2026, hasta que la Corte adopte una decisión definitiva sobre la constitucionalidad de la medida.