Uno de los principales cambios corresponde a las operaciones de venta con arrendamiento posterior (sale and leaseback), para las cuales se establecen nuevas reglas de medición de los pasivos derivados de estas transacciones. Asimismo, se modifican los criterios de clasificación de pasivos corrientes y no corrientes, precisando el tratamiento de las obligaciones sujetas a condiciones pactadas con entidades financieras y las revelaciones que deberán realizar las compañías sobre los riesgos asociados a su incumplimiento.   

Adicionalmente, incorpora nuevas exigencias de revelación para los acuerdos de financiación a proveedores o financiación de la cadena de suministro. En materia tributaria, la norma adopta las modificaciones relacionadas con las Reglas del Modelo del Segundo Pilar de la OCDE, tanto para grandes empresas como para pymes. Entre otros aspectos, introduce disposiciones especiales para el tratamiento de ciertos impuestos diferidos y exige revelar de forma separada los gastos o ingresos asociados a estos impuestos mínimos globales.  ​