Con apoyo en la jurisprudencia del Consejo de Estado, la DAF destacó que, para determinar si una persona o entidad es sujeto pasivo​ del ICA, debe examinarse el origen de sus ingresos y verificar si estos provienen del ejercicio habitual u ocasional de​ actividades gravadas. En consecuencia, la mera condición de entidad estatal no excluye automáticamente del impuesto. Según el pronunciamiento, siempre que una entidad pública realice actividades industriales, comerciales o de servicios sujetas al gravamen, deberá cumplir las obligaciones propias del impuesto, entre ellas registrarse cuando corresponda, presentar las declaraciones respectivas y atender el pago del tributo en el municipio donde se desarrolla la actividad gra​vada.   

La entidad también recordó que el ICA es un tributo territorial que se causa en la jurisdicción donde se desarrolla la actividad económica gravada y cuya base gravable corresponde a los ingresos atribuibles a dicha jurisdicción. Respecto de las retenciones, indicó que su aplicación depende de la regulación adoptada por cada municipio, incluyendo aspectos como los agentes retenedores, la base gravable, las tarifas y los procedimientos aplicables. Por ello, las entidades deberán revisar la normativa vigente en cada jurisdicción para establecer de manera adecuada sus obligaciones relacionadas con el impuesto y los mecanismos de recaudo anticipado. ​