El 13 de mayo de 2025, tres ciudadanos interpusieron acción pública de inconstitucionalidad contra el parágrafo 6° del artículo 240 del Estatuto Tributario, modificado por la Ley 2277 de 2022.  

Esta normativa dispone lo siguiente: “Artículo 240​.  Tarifa general para personas jurídicas.[Modificado por el Art. 10 de la L. 2277 de 2022.”

En esta oportunidad se alegaron tres cargos: 

Posteriormente, el despacho inadmitió inicialmente la demanda por deficiencias en la formulación de los cargos, otorgando un plazo para corregir.  

Así las cosas, los demandantes presentaron escrito de subsanación dentro del término, eliminando el segundo cargo y reformulando los otros dos con fundamentos más estructurados. 

 Consideraciones:  

1. Las razones que sustentan la corrección de la demanda: 

Los ciudadanos demandantes subsanaron los defectos formales que motivaron la inadmisión inicial de la demanda, reformulando los cargos sobre una base argumentativa sólida que permitió a la Corte Constitucional admitir parcialmente el libelo. La corrección se centró en el fortalecimiento de la estructura jurídica de dos de los tres cargos inicialmente propuestos: i) la vulneración a los principios de igualdad, equidad horizontal y justicia tributaria, y ii) la configuración de una omisión legislativa relativa. 

a) Fortalecimiento del juicio de igualdad.

Uno de los elementos centrales de la corrección fue el desarrollo de un juicio integrado de igualdad (conforme a la metodología consolidada por la jurisprudencia constitucional, entre otras en la Sentencia C-093 de 2001), mediante el cual se identificaron: 

• Grupos comparables: contribuyentes del impuesto sobre la renta obligados a llevar contabilidad y sujetos a la Tasa de Tributación Depurada (TTD), divididos entre quienes presentan diferencias temporarias y quienes no. 

• Criterio de comparación: la sujeción al mecanismo de la TTD y el efecto del impuesto a adicionar. 

• Trato diferenciado: quienes presentan diferencias temporarias pueden ver disminuida su TTD por debajo del umbral del 15%, lo que activa el pago del impuesto a adicionar. Sin embargo, ese efecto no se compensa cuando las diferencias se revierten en períodos fiscales posteriores. 

• Finalidad legítima: el parágrafo 6° busca incrementar el recaudo y evitar abusos fiscales. 

• Medio no idóneo: al no prever un mecanismo compensatorio de esas diferencias temporarias, la medida distorsiona el principio de equidad al imponer una carga adicional no basada en la capacidad contributiva real. 

La Corte reconoció que este nuevo planteamiento permitió comprender que el parágrafo acusado distingue injustificadamente entre sujetos con igual capacidad contributiva, únicamente por razones contables (no fiscales), lo cual, en criterio de los demandantes, infringe el artículo 13 de la Constitución (principio de igualdad), el artículo 363 (sistema tributario equitativo) y el artículo 95.9 (deber de contribuir con justicia y equidad).  

b) Sustento de la omisión legislativa relativa.

Adicionalmente, los accionantes corrigieron el tercer cargo, argumentando que el legislador incurrió en una omisión legislativa relativa, al no haber previsto una herramienta normativa que permitiera compensar el impuesto a adicionar que se genera por diferencias contables temporarias. 

La omisión se torna constitucionalmente reprochable al excluir un caso equivalente: quienes tributan con diferencias temporarias se ven perjudicados respecto de quienes no las tienen, sin que exista una justificación razonable, afectando así los principios constitucionales de capacidad contributiva y equidad vertical (artículos 2, 95.9, 338 y 363 C.P.).  

Para reforzar este cargo, los accionantes anexaron una tabla en la que desglosan los siete criterios jurisprudenciales que exige la Corte para configurar una omisión legislativa relativa.