El caso se originó con la solicitud de devolución de un saldo a favor por $513.541.000 generado en el periodo gravable de 2015, el cual fue arrastrado en liquidaciones posteriores. En 2017, el saldo a favor solicitado correspondiente al causado en los periodos anteriores más el generado en ese periodo ascendieron a $1.442.365.000. 

Para el año 2018, se imputó el saldo a favor correspondiente a la declaración de 2017, lo que dejó como remanente el saldo inicialmente generado y, por lo tanto, susceptible de devolución, desde la perspectiva del accionante. 

Sobre esta situación, la DIAN rechazó la solicitud en el año 2020, decisión que fue confirmada el año siguiente al resolver el recurso de reconsideración. El argumento central de la Administración fue que dicho saldo ya había sido parcialmente imputado en la declaración del año 2018, configurándose la causal de rechazo establecida en la normativa tributaria.

La sociedad demandante argumentó que el remanente no fue objeto de imputación y que su devolución era procedente, pues el fraccionamiento respondió a instrucciones contradictorias de la DIAN. Además, cuestionó la competencia del funcionario que resolvió el recurso de reconsideración y alegó violación al principio de legalidad por no estar expresamente prevista la causal invocada en la normativa aplicable.