La controversia se originó cuando el demandante efectuó pagos por dicho tributo, pese a estar exonerada en virtud de un contrato de estabilidad jurídica, los cuales se trataban de acuerdos cuyo fin era fomentar la inversión en el país garantizando que las normas relativas a inversión no se modificarán adversamente durante la vigencia del contrato y que estuvieron vigentes hasta 2012.  

Con base en lo anterior, tras la ineficacia de la declaración, la DIAN accedió a devolver los valores cancelados, pero negó el reconocimiento de intereses y la corrección monetaria, al considerar que la devolución se había efectuado dentro del plazo de 50 días establecido por el del Estatuto Tributario. 

Esta última posición fue acogida por el Alto Tribunal quien explicó que el régimen de devoluciones previsto en los artículos 850 a 865 del ET regula de manera integral las relaciones entre el Estado y los contribuyentes en esta materia, de modo que no procedía aplicar disposiciones del Código Civil referentes a los intereses corrientes, ni del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) relacionadas con la corrección monetaria. 

El fallo reiteró que los intereses corrientes o compensatorios solo se causan cuando la administración niega la devolución del pago de lo no debido, y los moratorios únicamente cuando se produce mora en efectuar el reintegro. En este caso, la DIAN ordenó la devolución dentro del término legal, por lo que no se configuró ninguno de los supuestos que darían lugar al reconocimiento de intereses.