El Consejo de Estado examinó los límites procesales dentro del cobro coactivo, particularmente en lo referente a la posibilidad de impugnar la legalidad del título ejecutivo durante la etapa de ejecución. Esta Corporación precisó que el debate en sede de cobro coactivo debe limitarse exclusivamente a las excepciones contempladas en el estatuto tributario, cerrando así la puerta a la reapertura de discusiones sobre la validez del acto administrativo de determinación del tributo o de imposición de sanciones.
En cuanto a la naturaleza y finalidad del proceso de cobro coactivo, la normatividad vigente y la doctrina oficial de la DIAN han señalado que este procedimiento tiene como propósito garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales que sean claras, expresas y exigibles, previamente establecidas a favor del Estado y a cargo de los contribuyentes. Para que se pueda llevar a cabo la ejecución de estas obligaciones, es necesario contar con un documento previo llamado título ejecutivo (liquidación oficial, resolución sanción, sentencia judicial etc.) y; una vez que este título es exigible, se puede iniciar el procedimiento de cobro, el cual comienza con la expedición del mandamiento de pago.
Sin embargo, la naturaleza ejecutiva de este procedimiento plantea interrogantes relevantes sobre las posibilidades y límites que tienen los contribuyentes para controvertir la legalidad de los títulos que dan origen a la ejecución, especialmente una vez han adquirido firmeza. Al respecto, el Consejo de Estado señala que es indispensable delimitar el alcance del debate procesal y precisar en qué momentos y escenarios es procedente cuestionar la validez del acto de determinación del tributo o sanción durante la etapa de ejecución del cobro coactivo.
El fallo establece que, una vez ejecutoriada la liquidación oficial, la discusión sobre su validez debe circunscribirse únicamente a las excepciones previstas en el artículo 831 del estatuto tributario (listado taxativo), cerrando la posibilidad de reabrir cuestionamientos que debieron ventilarse previamente en instancias administrativas o judiciales. Por tanto, los cargos que buscan cuestionar, por ejemplo, la legalidad de la liquidación oficial, una vez ejecutoriada, no son admitidos en esta etapa procesal.